CUBA la reconciliación nacional

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  • Prefacio

    Durante su estadía como profesora visitante, hace cerca de tres años, Marifeli Pérez-Stable propuso al Centro para América Latina y el Caribe (LACC) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) el proyecto sobre el cual está basado Cuba, la reconciliación nacional. Su objetivo era, como indica el título, contribuir a la reconciliación nacional cubana a través de una metodología que combinaba la interpretación histórica con el análisis comparativo. A decir verdad, nuestra primera reacción fue algo escéptica. En los últimos veinte años no ha habido conversación sobre Cuba en Miami o en cualquier lado que no haya generado apasionados debates y ocasionales enfrentamientos. Nuestro escepticismo radicaba principalmente en la pregunta que ella intentaba responder en el estudio. ¿Qué hacer con un pasado de violaciones de los derechos humanos? Esta pregunta parte del controvertido supuesto de que en Cuba se han violado esos derechos y que, al igual que en otros países que ahora son democráticos (aunque en algunos aún se violen los derechos humanos), en algún momento los cubanos tendrán que decidir como responder a dicha cuestión.

    El objetivo era más ambicioso aún, pues no planteaba un mero ejercicio académico sino que contemplaba involucrar en el proyecto a todos los sectores dispuestos a participar. La posibilidad de que a través de una serie de seminarios y conversaciones entre sectores históricamente contrapuestos se pudiera empezar a construir una agenda para la reconciliación nacional de Cuba fue la que más intrigó al LACC, ya que, hasta este proyecto, pocas veces pudimos lograr una conversación con sectores del exilio cubano que veían con escepticismo las actividades del Centro sobre Cuba.

    La importancia de este proyecto financiado por la Fundación Ford y el Open Society Institute radica precisamente en que Pérez-Stable y sus colegas han logrado debatir y señalar algunos posibles criterios para responder a la difícil pregunta que enmarca el informe y trazar una línea de recomendaciones para la reconciliación nacional cubana. El recuento histórico que proporciona Cuba, la reconciliación nacional sirve para contextualizar la pregunta sobre qué hacer con un pasado de violaciones de los derechos humanos a través de un análisis de la experiencia de otros países. El análisis histórico intenta identificar y definir las distintas formas en las que esta pregunta ha sido abordada. En vez de caer en la letanía de acusaciones de uno y otro lado, este informe analiza la larga

    lista de cargos tanto contra el gobierno de Cuba y la oposición violenta, como contra Estados Unidos.

    La rica gama de experiencias tomadas de España, Sudáfrica, Centroamérica, Europa del Este y el Cono Sur proporciona una oportunidad para entender la complejidad de la respuesta a la pregunta central; además comparte algunas lecciones importantes que le pueden ahorrar a Cuba y a los cubanos momentos difíciles al intentar llegar a la reconciliación nacional. Este informe aborda el tema de una manera distinta, combinando una metodología probada académicamente con otra que es más bien producto de la experiencia de aquellos que tuvieron que contestar la misma pregunta en otras experiencias nacionales. Las experiencias de otros países proporcionan una vasta gama de lecciones que son hábilmente recogidas en Cuba, la reconciliación nacional.

    Pérez-Stable y sus colegas han logrado trasmitir acertadamente el mensaje de que la reconciliación nacional es un largo proceso que sólo se puede dar cuando se abandonan las viejas pasiones que dividen a los pueblos. Es un proceso que pasa principalmente por la democratización y la construcción de un Estado que respete los derechos humanos. A la vez, pasa necesariamente por la creación de una sociedad civil tolerante y dispuesta a aceptar los procesos enmarcados por un Estado democrático. Como lo demuestran las experiencias de España, Sudáfrica, Centroamérica, Europa del Este y el Cono Sur, este proceso es difícil y de muy larga duración.

    Al leer Cuba, la reconciliación nacional, el LACC se siente orgulloso y complacido de haberle dado un hogar a este proyecto. Sabemos que los resultados generarán más debate, pero que también proporcionan valiosos aportes que esperamos contribuyan a la reconciliación nacional en Cuba. Es aún más grato saber que este proyecto ha logrado que Marifeli Pérez-Stable se incorpore de manera permanente al conjunto de destacados profesores e investigadores que trabajan sobre Cuba en la FIU.

    Eduardo A. Gamarra, Ph.D., Director

    Centro para América Latina y el Caribe

    Universidad Internacional de la Florida

    Marzo de 2003

     

    Presentación

    Cuba, la reconciliación nacional es un informe inusual. Pone su mirada en una Cuba democrática que aún no está a la vista e invita al diálogo sobre algunos temas que esa Cuba seguramente enfrentará. ¿Qué hacer con un legado de violaciones de los derechos humanos una vez emprendida la transición? De distintas maneras, las democracias surgidas a partir de los años 70 han intentado responder a esta pregunta y, en muchos casos, la respuesta ha sido la creación de una comisión de la verdad. La experiencia subraya la existencia de tres facetas centrales en los interrogantes sobre el pasado: la recuperación de la memoria silenciada o ausente, el establecimiento de la verdad sobre lo acontecido y la búsqueda de la justicia. Es importante, asimismo, destacar que la democratización y la reconciliación en las nuevas democracias son procesos inconclusos y, en no pocos casos, dolorosamente insuficientes. No obstante, la democracia-por ser el único sistema político fundado sobre el derecho ciudadano a disentir por medios propios y autónomos sin sufrir represalias por ello-puede ampliarse, consolidarse y renovarse. En ese sentido, las diferencias con los regímenes dictatoriales que le precedieron no pueden ser mayores: la democracia se nutre de una ética de medios y derechos universales, mientras que las dictaduras imponen fines partidarios absolutos.

    El Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia consideró oportuno imaginarse una Cuba democrática-única capaz de asentar la reconciliación nacional-y pensar sobre estos temas con la esperanza de serle útil a los cubanos que eventualmente acometan la transición en la Isla. Hacemos dos recomendaciones centrales: que se dialogue-entre todos los cubanos y con todos los que se interesen por Cuba-sobre el reencuentro cívico cubano y que los cubanos busquemos los medios para recuperar nuestra memoria histórica como elemento cardinal para ese reencuentro, necesariamente pacífico, incluyente y democrático.*

    Fuimos 26 los integrantes del Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia: 16 cubanos de la diáspora y 10 personas de otros orígenes nacionales. Los derechos humanos en Cuba-como en cualquier otro país-no son sólo responsabilidad de los nacionales y, por tanto, integramos a personas de otros lugares. Los cubanos, como grupo, nunca habíamos participado en proyectos comunes y, por tanto, no había entre nosotros la confianza que facilita tratar temas tan espinosos como los que nos proponíamos. Además, nuestras historias individuales a lo largo de 44 años abarcaban un espectro bastante amplio en relación

    con la revolución, el gobierno cubano, la oposición y el exilio. Aunque algunos de los miembros de otros orígenes nacionales habían desempeñado labores en relación con Cuba, este grupo de trabajo fue la primera inmersión en el tema para la mayoría. Nos aportaron diferentes conocimientos y amplias experiencias con respecto a los derechos humanos, las transiciones democráticas y los procesos de memoria, verdad y justicia, así como una extraordinaria buena voluntad hacia Cuba y los cubanos. Nos ayudaron, sobre todo, a mirar a Cuba a la luz de otras experiencias, visión que-quizás por nuestro particular insularismo-no siempre buscamos los cubanos. Por su prestigio y su cualificación, los integrantes de otros orígenes nacionales, además, servirán de incentivo y enlace para otros extranjeros que se interesen por la reconciliación nacional cubana. Lo que nos motivó desde el principio a todos por igual fue un compromiso inequívoco con una Cuba democrática, con la erradicación de toda violencia política entre cubanos y con la necesidad de recuperar la memoria histórica cubana. Al final, logramos la confianza necesaria para presentarle a los lectores, Cuba, la reconciliación nacional.

    El grupo de trabajo descartó la discusión de dos temas que comúnmente se tratan cuando se habla de Cuba: el embargo de EE.UU. y las propiedades confiscadas por el gobierno revolucionario. Decidimos no entrar en el debate sobre el embargo porque entre nosotros no había consenso. Tampoco desarrollamos el tema de las propiedades porque nuestro objetivo era tratar exclusivamente las cuestiones relacionadas con los daños a la integridad física de las personas causados por la violencia política.

    Hubiera sido preferible que el Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia desarrollara su labor en Cuba y con una presencia mayoritaria de cubanos de la Isla. Nuestros objetivos-una Cuba democrática, la no violencia y la restauración de la memoria-no estaban ni están en consonancia con los del gobierno cubano. Cuba, la reconciliación nacional no es más que una mano extendida a la convivencia cívica y una invitación al diálogo-cuya esencia es la discusión respetuosa entre personas y grupos con distintos puntos de vista-como única arma. Aunque se han ido desmontando barreras de todo tipo, no es fácil mantener una comunicación fluida con la Isla y, en particular, con los cubanos que públicamente se han separado de la Cuba oficial y han comprometido sus vidas con la lucha pacífica por un futuro mejor para todos los cubanos. Más difícil aún es propiciar encuentros en persona entre estos cubanos del interior y los que desde el exterior compartimos

    sus ideales. Las circunstancias tampoco facilitan los intercambios con aquellos individuos de integridad profesional y personal que forman parte de la Cuba oficial que, seguramente, también desempeñarán un papel clave como agentes de cambio. Los firmantes de este informe subrayamos que el futuro de Cuba depende esencialmente de los cubanos de la Isla: los que llevan años manifestando públicamente su convicción de que la patria puede y debe ser de todos, los millones que desde sus hogares anhelan que así sea más pronto que tarde y los que, desde las filas o la periferia de la Cuba oficial, buscan cambios y que, en su momento, colaborarán con la transición a la democracia.

    El Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia hizo lo que era posible: reunir a un grupo de 26 personas que se comprometieron a producir este informe.** Metafóricamente puede decirse que Cuba tiene 15 provincias, no 14: la decimoquinta es la diáspora en Estados Unidos y en otros países, con su sede principal en Miami. Los cubanos del exterior también somos parte de Cuba y, como tal parte, tenemos no sólo el derecho, sino también el deber de expresarnos sobre cualquier asunto cubano. Aunque la prerrogativa fundamental sobre el futuro de Cuba radique en la Isla, nosotros podemos hacer un aporte decisivo desde ahora al reencuentro nacional: la reconciliación en la diáspora. Los firmantes de Cuba, la reconciliación nacional aspiramos a que la discusión del informe en la plaza pública cubana del exterior se dé en el espíritu de diálogo imprescindible para ese ulterior reencuentro entre todos los cubanos. En los últimos años, hemos avanzado notablemente en esa dirección, pero aún nos queda camino por andar, y lo andaremos.

    La redacción de Cuba, la reconciliación nacional fue compleja, por las ideas y sensibilidades que había que trabajar y por las voluntades que debíamos conjugar. El informe es el resultado de tres reuniones y una constante comunicación con el grupo de trabajo, así como de amplias consultas con cubanos de la diáspora y de la Isla. El Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia se reunió en Cuernavaca (junio de 2001), Cancún (abril de 2002) y Morelos (enero de 2003). En octubre de 2001 y febrero de 2002 congregamos a unos 26 cubanos en Miami para discutir temas relacionados con la memoria histórica y la reconciliación nacional. Lo que se dio en esas reuniones fue un microcosmos esperanzador de diálogo y reconciliación. Hay que seguir allanando ese camino. El borrador del informe también fue enviado a cubanos de la Isla para que nos dieran sus opiniones; en el texto, hemos citado a los que nos respondieron. Nuestra página web-memoria.fiu.edu-es un portal abierto a todos, que irá incorporando diversas exposiciones,

    Cuba, la reconciliación nacional

    incluyendo la versión íntegra de los comentarios que recibimos de Cuba y otros que recibamos una vez el informe empiece a circular. Allí, además, encontrarán documentos, publicaciones y enlaces pertinentes al tema de la reconciliación nacional cubana, así como este informe y su traducción al inglés.

    ¿Qué logró el grupo de trabajo luego de dos años de reflexión y discusión? Iniciamos el proceso conscientes de la polarización histórica de la política cubana y convencidos de que era inaplazable abrir un "extremo centro"-no para eliminar los polos-sino para que los que no estamos en ninguno de los dos extremos ahora existentes comenzáramos a despejar espacios a lo largo y ancho de la plaza pública. Sólo un espectro político que albergue un centro amplio y fuerte podrá fomentar el pluralismo necesario para la convivencia cívica y democrática entre todos los cubanos. Ofrecemos una lectura del contexto histórico de nuestro país que intenta reconciliar recordando, e integrando a los que se enfrentaron y enfrentan, sin evadir las verdades sobre el costo humano que se cobraron el gobierno revolucionario, la oposición armada y el gobierno de EE.UU. al defender a ultranza los fines que perseguían. Concluimos dos años de trabajo alzando más firmemente que nunca los baluartes del diálogo y de la memoria sobre el camino hacia una Cuba democrática.

    Cuba, la reconciliación nacional refleja el consenso de los miembros del Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia. No todos están plenamente de acuerdo con cada frase del texto, pero-con excepción de lo señalado en los comentarios individuales-cada uno de los firmantes se adhiere al contenido y tono generales del informe y apoya sus principales recomendaciones. Todos suscriben el documento a título personal; las filiaciones institucionales y las menciones de orígenes nacionales son sólo para efectos de identificación. Los firmantes esperamos que nuestro informe estimule el diálogo sobre la reintegración de las memorias, el asentamiento de las verdades y la búsqueda de la justicia en aras del reencuentro cívico en Cuba y entre todos los cubanos.

    Marifeli Pérez-Stable Coordinadora Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia

    * A lo largo de este informe, la frase "entre todos los cubanos" comprende a los cubanos que viven en la Isla y a los que residen en el exterior.

    ** La selección de los integrantes fue hecha por el comité gestor del proyecto: Marifeli Pérez-Stable, Jorge I. Domínguez y Pedro A. Freyre.

     

    Miembros del Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia

    Comité Gestor

    Marifeli Pérez-Stable Jorge I. Domínguez Pedro A. Freyre

    Roberto Álvarez* Paloma Aguilar Fernández* Juan Antonio Blanco Gil* Siro del Castillo* Elisa Vilano Chovel María Domínguez Joseph T. Eldridge* Mark Falcoff* Damián Fernández Lino B. Fernández Carlos García-Vélez Fernando González Rey* Carl-Johan Groth Carlos Alberto Montaner* Juan Ernesto Méndez Eusebio Mujal-León Olga Nazario Ronalth Ochaeta Enrique Patterson Pedro Pérez Castro* Patricia Tappatá de Valdez José Miguel Vivanco Cristina Warren

    *Comentario adicional o crítico

     

    Agradecimientos

    No se desarrolla un proyecto como la publicación de este informe sin contraer una larga lista de deudas de gratitud. En primera fila están los otros 25 integrantes del grupo de trabajo. Empezamos nuestra empresa sin conocernos y la concluimos compartiendo la satisfacción de haber logrado un resultado que nos representa. Los miembros del grupo procedentes de otros orígenes nacionales apoyaron a los cubanos con su inteligencia, mesura, paciencia y generosidad; la mezcla de cubanos y personas de otros países fue extraordinariamente fructífera. Jorge I. Domínguez y Pedro A. Freyre consintieron en formar conmigo el comité gestor que guió el trabajo del grupo. Ambos contribuyeron significativamente a su planificación y desarrollo por la capacidad de análisis y de organización que los caracteriza. A Damián Fernández, Lino Fernández y Olga Nazario les debo el haberme insistido en la necesidad de tender puentes en Miami fuera del grupo de trabajo. Múltiples conversaciones con Orlando Gutiérrez me sirvieron para adquirir una comprensión más amplia del exilio.

    José Zalaquett-destacado abogado defensor de los derechos humanos, ex presidente de Amnistía Internacional e integrante de la Comisión de la Verdad de Chile, así como de la mesa de diálogo que se convocó a raíz del caso Pinochet-vino a Miami dos veces. En febrero de 2001 se reunió con el comité gestor de nuestro grupo para ayudarnos a pensar y planificar el trabajo de éste. Un año después regresó para dictar una conferencia sobre la transición en Chile ante el grupo de reflexión de Miami. Priscilla Hayner y Louis Bickford del International Center for Transitional Justice de Nueva York nos ayudaron a perfilar algunos parámetros y temas del informe; Priscilla, además, participó en dos de nuestras reuniones e hizo una contribución importante a la sección sobre las experiencias de otros países. Ana María Salazar cumplió el difícil papel de moderar las tres reuniones-Cuernavaca (junio de 2001), Cancún (abril de 2002) y Morelos (enero de 2003)-con eficiencia, elegancia y simpatía. En Cancún, Tina Rosenberg nos proporcionó una exposición esclarecedora sobre las transiciones en Europa del Este. En Morelos, Irena Grudzinska Gross, de la Fundación Ford, nos hizo observaciones puntuales sobre Europa del Este que mejoraron esa sección del informe. Las estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México-Claudia Cárdenas y Julia Denegre-tomaron notas en Cuernavaca; Rocío González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Edme Pernia, de la Universidad Internacional

    de la Florida las tomaron en Cancún. Jesús Cuéllar hizo una excelente corrección de estilo.

    En la Universidad Internacional de la Florida contamos con una gran asistencia. Eduardo Gamarra, director del Centro para América Latina y el Caribe, acogió el proyecto y me brindó todo su apoyo. Julissa Castellanos-directora asociada de LACC y una profesional ejemplar-coordinó la administración del proyecto. Vívian Díaz, Jenny García y Lourdes Guerra atendieron cuidadosamente la logística de las reuniones. En el LACC, las otras personas que también tuvieron que ver con el proyecto y que se mostraron igualmente capaces y atentas fueron: Wens Alaniz, Angela Bonilla, Pedro Botta, Roberto Espinoza y Raquel Jurado. Alma DeRojas me brindó un apoyo excelente en las labores de investigación y en el sinnúmero de tareas inherentes a la producción del informe.

    La Fundación Ford y el Open Society Institute (OSI) le concedieron los fondos a la FIU que hicieron posible Cuba, la reconciliación nacional. En la Fundación Ford, Cristina Eguizábal fue una interlocutora excepcional; en el OSI, Aryeh Neier y George Vickers secundaron la solicitud de apoyo. Ramón Daubón en el Instituto Caribeño de Ambiente y Desarrollo en Puerto Rico-apoyado también por la Fundación Ford-nos facilitó un donativo para la reunión de Morelos.

    Doy las gracias a todos por su cooperación y asistencia.

    Marifeli Pérez-Stable

    Cuba, la reconciliación nacional

     

    Siglas

    ACP África, Caribe y Pacífico ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)

    BID Banco Interamericano de Desarrollo CCPDH Comité Cubano Pro Derechos Humanos CEA Centro de Estudios sobre América CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico

    (Guatemala) CEJIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

    (Washington, D.C.) CELS Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) CIA Agencia Central de Inteligencia CID Cuba Independiente y Democrática CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CLADEHLT Comisión Latinoamericano por los Derechos y las

    Libertades de los Trabajadores y los Pueblos CNA Congreso Nacional Africano CNI Central Nacional de Informaciones (Chile) CONADEP Comisión Nacional sobre la Desaparición de las

    Personas (Argentina) DINA Dirección de Inteligencia Nacional (Chile) ENEC Encuentro Nacional Eclesial Cubano ETA Euskadi ta Askatasuna FACE Facts About Cuban Exiles FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias FIU Universidad Internacional de la Florida FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FNCA Fundación Nacional Cubano Americana FOCAL Fundación Canadiense para las Américas FOIA Freedom of Information Act IDASA Institute for Democracy in South Africa ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas

    para la Prevención del Delito y el Tratamiento del

    Delincuente INRA Instituto Nacional para la Reforma Agraria ISRI Instituto Superior de Relaciones Internacionales LACC Centro para América Latina y el Caribe (FIU) MROM Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada OEA Organización de los Estados Americanos

    OIT ONG ONU OSI PAC PCC PSP PUND RDA SELADEH SERPAJ UE UMAP UNED

    UNITA URNG

    Organización Internacional del Trabajo Organización No Gubernamental Organización de las Naciones Unidas

    Open Society Institute

    Patrulla de Autodefensa Civil (Guatemala) Partido Comunista de Cuba Partido Socialista Popular Partido de Unidad Nacional Democrática República Democrática Alemana Secretariado Latinoamericano de Derechos Humanos Servicio Paz y Justicia (Uruguay) Unión Europea Unidades Militares de Ayuda a la Producción Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) Unión Nacional por la Independencia Total de Angola Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca

    xvii

     

    Introducción y resumen

    Una Cuba democrática aún no se divisa. Así y todo, Cuba, la reconciliación nacional apunta a ese horizonte porque sólo la democracia podrá abarcar y encauzar la diversidad y el pluralismo de la nación cubana. A principios del siglo XXI, la democracia es el único sistema político que ampara una convivencia cívica. El reencuentro cívico, democrático e incluyente-en Cuba y entre todos los cubanos-es el fundamento de la reconciliación nacional. Si bien la reconciliación completa es difícil, aspiramos al grado necesario y suficiente de reencuentro que haga posible la convivencia democrática entre todos los cubanos. Aunque aún no se vislumbren las condiciones que favorecerían una transición a la democracia, este informe considera sano e impostergable un diálogo serio y ponderado al respecto, en primer lugar, entre todos los cubanos de la Isla y del exterior, pero también con y por todos los que se interesen por el futuro de Cuba en cualquier parte. Ésa es nuestra recomendación central y en ese espíritu lo presentamos.

    La aspiración de Cuba, la reconciliación nacional es la de una democracia verdadera para Cuba, ya que sólo un Estado de derecho puede garantizar la reconciliación suficiente para que los cubanos vivan en paz. Este informe no propone un programa político particular de una u otra tendencia. Su plataforma es amplísima-el compromiso inalienable con los derechos humanos-y su única exigencia es que se asuma este compromiso sin vacilación. Entendemos por diálogo una discusión respetuosa entre personas y grupos con distintos puntos de vista que-decididos a escuchar a los demás- intentan lograr un acuerdo o un acercamiento entre posturas. El acuerdo y el acercamiento que Cuba, la reconciliación nacional plantea no son más que una ética de medios-el respeto a los derechos humanos- que asegure el único fin que no admite concesión alguna: la convivencia cívica y democrática entre todos los cubanos.

    Desde antes de la revolución, la política cubana tendía a la polarización: los cubanos esgrimían causas que consideraban justas para enfrentarse unos a otros y, con frecuencia, las valoraban por encima de los medios que empleaban para luchar por ellas. Aunque amplio y plural, el espectro político antes de 1959 no se nutría de una verdadera cultura de diálogo entre opositores y carecía de un compromiso profundo con las instituciones democráticas. La política entendida como un toma y daca fue perdiendo credibilidad y la violencia ganando primacía como recurso para vencer a los enemigos. Al ir perdiendo el contacto con los medios justos, la plaza pública cubana se fue cerrando.

    Con el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista rompió el ritmo constitucional e instauró un régimen de represión y violación de los derechos humanos. Los esfuerzos por negociar el regreso a la democracia fallaron; la lucha armada decidió la caída de la dictadura. Para casi todos los cubanos, el 1 de enero de 1959 representó una extraordinaria oportunidad de refundación nacional.

    Aunque inicialmente la revolución abrió la plaza pública, poco después fue dando cabida sólo a los cubanos que secundaron la visión particular de la justicia social y de la independencia ante EE.UU. que la máxima dirigencia impulsó en su consolidación del poder. La radicalización supuso la eliminación del capitalismo, la supresión de instituciones independientes para dirimir diferencias políticas y un viraje hacia la Unión Soviética. Cuando las causas giran en torno a fines partidarios absolutos y descuidan los medios ya no son justas, por loables que se proclamen y aunque la mayoría las apoye, como sucedió en Cuba a principios de la revolución. La gran mayoría de los que se opusieron a la radicalización consideró que la restricción de las libertades, el control total de la economía por el Estado y la alianza con el comunismo no encajaban con las aspiraciones cubanas de democracia y libertad. La exigencia de una lealtad inseparable al país, la revolución y al máximo líder fijó la polarización política. La Guerra Fría la agravó, pero sus raíces eran cubanas. A lo largo de las décadas, el gobierno cubano ha ido dejando fuera de la plaza pública a más y más cubanos, porque niega el rico pluralismo que albergan la sociedad e, incluso, sus propias filas.

    Cuba, la reconciliación nacional rechaza toda lógica de fines partidarios absolutos pues, inevitablemente, ésta entraña la exclusión de quienes no los comparten. Por el contrario, propone a los cubanos la adopción de una ética de medios: un compromiso inalienable con todos los derechos humanos que, por su misma naturaleza, se fundamenta en la inclusión de todos y en el respeto hacia los conciudadanos. Sólo un Estado cuyo puntal sea el derecho ciudadano a disentir por medios propios y autónomos sin sufrir represalias por ello será capaz de propiciar la paz entre los cubanos. Mientras no se abra al pluralismo y al diálogo, la plaza cubana no será digna de llamarse pública. La razón no es prerrogativa de nadie ni de ningún grupo en particular: todos los cubanos tienen el derecho a expresarse y, también, el deber de escuchar. Una cultura política ampliamente enraizada en una ética ciudadana de derechos y deberes es el primer bastión de la democracia. El diálogo que este informe impulsa busca fortalecer una nueva cultura de inclusión y de responsabilidades entre todos los cubanos.

    Cuba, la reconciliación nacional se ha centrado en un interrogante que los cubanos casi seguramente enfrentarán cuando emprendan una transición democrática: ¿qué hacer con un pasado de violaciones de los derechos humanos? La recuperación de la memoria histórica, el asentamiento de las verdades de lo transcurrido en Cuba y la búsqueda de la justicia no son temas fáciles. Precisamente porque la política cubana fue polarizándose alrededor de fines partidarios absolutos, se ha tendido a justificar lo sucedido por las causas que defendieron una y otra parte. Las democracias surgidas a partir de los 70 señalan la importancia de hacer relecturas de la historia que, en cada caso, condujo a la polarización, no para desvirtuar ideales ni para repetir el enfrentamiento, sino para sacar una nueva comprensión de lo inviolables que deben ser los medios justos para la convivencia cívica.

    Si bien este informe ofrece pinceladas explicativas sobre algunos aspectos del desencuentro cubano, de ninguna manera pretendemos que abarquen toda su complejidad ni que comprendan la única lectura de los que señalamos. Sí insistimos en que la conclusión lógica de la experiencia histórica cubana es que la convivencia cívica debe ser el único fin inviolable. Presentamos nuestras pinceladas en pos de un diálogo a la luz de ese fin: no para recrear viejas discordias ni para declarar nuevos vencedores y vencidos, sino para ir fomentando y asentado una cultura política de derechos y deberes ciudadanos. Sugerimos algunas explicaciones de cómo fue que los cubanos llegaron a enfrentarse con tanta vehemencia, pero en absoluto éstas representan justificaciones de las violaciones de los derechos humanos. Condenamos las cometidas por el gobierno y los abusos incurridos por la oposición armada-inequívocamente y sin cortapisas.1 No obstante, como los gobiernos deben ser los principales garantes de los derechos humanos, su responsabilidad cuando los violan es incomparablemente mayor, además de que disponen de mayores y más poderosos recursos para imponer su voluntad. Desde el poder, por tanto, habrá que forjar en el futuro un nuevo discurso de inclusión y reencuentro nacional, reconociendo la responsabilidad que ha tenido el Estado en el agudizamiento y mantenimiento de la polarización política entre los cubanos después de 1959.

    Para enmarcar la discusión sobre las violaciones y los abusos, Cuba, la reconciliación nacional registra los principales acuerdos internacionales sobre los derechos humanos y el derecho humanitario y se los propone a los cubanos como contrapeso a los fines partidarios absolutos. Hoy más que nunca constituyen estándares ampliamente aceptados para la

    convivencia política, el tratamiento de los reclusos y el ejercicio de la guerra. Independientemente de que el Estado cubano o el gobierno actual los haya secundado, los consideramos un faro ético y legal que avala el interés nacional de Cuba, en el sentido de propiciar la convivencia cívica y democrática entre todos los cubanos. El informe hace una lista de alegatos, hechos y preguntas acerca de violaciones cometidas por el gobierno y abusos perpetrados por la oposición violenta que-de una manera o de otra-necesitan ser investigados para que la verdad de lo ocurrido en Cuba se asiente con credibilidad ante el grueso de los cubanos de la Isla y del exterior; es una lista parcial, dado lo que futuras investigaciones pudieran desvelar. También se discute la participación del gobierno de EE.UU. en actos violentos contra el gobierno cubano. Asimismo, nos pareció útil deslindar dos etapas de violaciones ocurridas desde 1959: la década del 60, cuando el gobierno se enfrentó a una extensa resistencia armada y-según lo que hoy se conoce-se cometieron las peores y más extendidas violaciones registradas hasta la fecha y, a partir de los 70, cuando fue surgiendo una oposición no violenta y la represión ha tendido a centrarse en la intimidación, el hostigamiento, la arbitrariedad y el encarcelamiento. Nuestra segunda recomendación es que-de una manera u otra-los cubanos busquen la recuperación de la memoria histórica.

    Cuba, la reconciliación nacional comienza con un esbozo del amplio consenso internacional sobre la democracia y los derechos humanos forjado más firmemente después de la Guerra Fría, si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos había sentado pauta y compromiso en esa dirección desde 1948. Después de 1989, dos realidades han marcado las relaciones internacionales de Cuba: la oposición de su gobierno a este consenso internacional acerca de los derechos humanos y el amplio disenso respecto a la política de embargo por parte de EE.UU. La Constitución y el Código Penal vigentes en Cuba son extraordinariamente restrictivos de las libertades individuales, prohíben tajantemente la oposición pacífica y avalan una amplísima política que consiste en silenciar e intimidar a la ciudadanía. Los derechos de todos los ciudadanos-no sólo los de los opositores y defensores de los derechos humanos-son, por tanto, descartados diariamente por el gobierno cubano.2 Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones condenatorias de la situación de estos derechos en Cuba y la Unión Europea ha condicionado la cooperación económica al acatamiento por parte del gobierno cubano de los principales acuerdos internacionales en ese sentido. Sobre todo en la

    posguerra fría, la estructura y funcionamiento del sistema político cubano, por la ubicación geográfica de la Isla y su condición de pequeño país, determinan prominentemente sus relaciones internacionales.

    A continuación, el informe esclarece el contexto histórico cubano con el propósito principal de indicar cómo se fueron dando las diferentes formas de polarización y cómo la revolución la agravó drásticamente. La Guerra Fría agudizó el conflicto cubano, pero EE.UU. y la URSS no fueron su causa principal. Subrayamos que el gobierno revolucionario tuvo una genuina oposición cubana, en primer lugar en la Isla, y que una reconciliación nacional también implica un justo reconocimiento a esta oposición de su personalidad y programa políticos propios, si bien, en muchos casos, es preciso señalar las coincidencias con EE.UU., dado el contexto de la Guerra Fría y algunos ideales comunes. Perfilamos las relaciones entre el gobierno cubano y la oposición organizada a lo largo de las décadas, tomando nota esperanzadora del hecho de que la no violencia es hoy el signo principal de quienes se oponen a la Cuba oficial, tanto en la Isla como en el exterior. Es, además, notable que el exilio-luego de décadas de verse como la sede principal de oposición al gobierno cubano-hoy reconozca el protagonismo de primera fila de los opositores y defensores de los derechos humanos en la Isla.

    Posteriormente, Cuba la reconciliación nacional hace un bosquejo de las experiencias de otros países-nuevas democracias a partir de los 70- en relación con la memoria histórica, el asentamiento de la verdad y la búsqueda de la justicia: España, Argentina, Chile y Uruguay en el Cono Sur, Sudáfrica, El Salvador y Guatemala en Centroamérica, y Checoslovaquia, Albania, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría y Alemania en Europa del Este. Estos casos comparten con Cuba una característica fundamental: las violaciones de los derechos humanos ocurrieron porque una lógica de fines partidarios absolutos se apoderó de la política y dio cabida a la violencia para excluir a los que disentían. En ese sentido, los signos ideológicos de los distintos regímenes y el apoyo popular que algunos disfrutaron no es el quid de nuestras consideraciones. Estas experiencias igualmente subrayan la amplia gama de factores que inciden en las transiciones y en las respuestas dadas al interrogante de qué hacer con un legado de violaciones de los derechos humanos.

    El apartado siguiente, "La cuestión de los derechos humanos en Cuba: pasado y presente", apunta dos realidades. Una es que las actuales violaciones de los derechos civiles y políticos por parte del gobierno cubano son ampliamente reconocidas por la comunidad internacional.

    De hecho, un gran número de países exige un mayor respeto a estos derechos para normalizar plenamente sus relaciones con La Habana. La otra realidad es que la historia de las violaciones de los derechos humanos-sobre todo, pero no exclusivamente, en los 60-no es igualmente reconocida y, por tanto, es la que más luz necesita recibir de cara al establecimiento de una Cuba democrática. Esa Cuba-ateniéndose a las exigencias de su sociedad civil, a las experiencias acumuladas en otros países y a las normas internacionales sobre el derecho humanitario-deberá determinar si en el período posterior a 1959 se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como identificar a los responsables de estas violaciones, cuyo castigo legal es imprescriptible. Nos parece, asimismo, que una Cuba democrática deberá abolir la pena de muerte porque la gran mayoría de los países democráticos así lo ha hecho.

    Concluimos con un esbozo de cuatro elementos centrales para el largo proceso de reconciliación nacional cubana:

    • La reconciliación de cada cubano y cubana consigo mismo/a.
    • La reconciliación familiar, que es la más avanzada.
    • La reconciliación en la diáspora, que es la que hoy está a nuestro alcance y que no debe postergarse.
    • La reconciliación política-acompañada de una conciencia cívica de derechos y deberes en la ciudadanía-sólo se dará plenamente bajo la protección de un Estado que respete el derecho ciudadano a disentir por medios propios y autónomos sin sufrir represalias por ello.

     

     

    Consenso internacional sobre la democracia y los derechos humanos

    Aunque el carácter mundial de los derechos humanos fue proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un consenso más amplio sobre su aplicación no surgió hasta después de la Guerra Fría. Durante décadas fue relativamente fácil condicionar el tema al conflicto entre Estados Unidos y la URSS: por una parte, en las democracias occidentales se destacaba el respeto a los derechos civiles y políticos, a la par que una red desigual de beneficios sociales y económicos; por la otra, en los países del Este-las llamadas democracias populares-esta red se extendía con más equidad, mientras que las libertades individuales eran vedadas o cercenadas.3 En la década del 70, esta división comenzó a ser cuestionada por, entre otros, el Acta Final de Helsinki, que estableció la interdependencia entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales. Además, el acuerdo de Helsinki confirió legitimidad a la preocupación por la vigencia de los derechos humanos más allá de las fronteras nacionales. Así, hombres y mujeres de todas las naciones se alzaron contra los abusos en otros países, sin que ello implicara su apoyo a un cambio de régimen en esos lugares. Fue entonces cuando el movimiento internacional pro derechos humanos despegó.

    A principios del siglo XXI, el relativismo de la Guerra Fría tiene poca resonancia y no sólo porque ésta ya concluyó. El consenso internacional sobre los derechos humanos se ha dado principalmente a causa de las nuevas democracias surgidas a partir de los 70. Bajo un Estado de derecho, ningún fin político-por edificante que se proclame-justifica la violación de la vida, de la integridad física de las personas, del derecho a no ser detenido arbitrariamente y al debido proceso, ni de las libertades de expresión, asociación y conciencia. Imperfecta e inconclusa, la democracia conduce a las libertades civiles y políticas y provee los medios que permiten la autodeterminación de la (cambiante) voluntad ciudadana. Su esencia es un consenso exigente sobre el respeto a los derechos humanos, que necesita, permite y fomenta las diferencias, y ofrece el marco de sus instituciones para dirimirlas. Como mínimo, la democracia es un sistema político que le brinda garantías a la oposición pacífica en el desempeño de sus actividades, así como la posibilidad de aspirar a convertirse en gobierno mediante elecciones libres. Precisamente aquellos que hasta hace poco vivieron bajo dictaduras son los que mejor entienden estas verdades, que tanto y tan largo ha costado establecer irrefutablemente.

    El gobierno de Cuba, sin embargo, continúa adhiriéndose a la concepción relativista de los derechos humanos. Su Constitución y Código Penal prohíben tajantemente la oposición pacífica y avalan una amplísima política encaminada a silenciar e intimidar a la ciudadanía, lo cual significa una violación de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. De hecho, el gobierno cubano supedita los derechos ciudadanos a lo que la dirigencia y un sector de la población entienden por el bien común y los intereses nacionales. Cuba fue uno de los primeros Estados en proclamar la Declaración Universal y el Estado cubano debe respetarla íntegramente. En el Hemisferio Occidental, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) han servido de faro normativo para el Continente Americano en el difícil camino hacia la democracia desde entonces. El Estado cubano firmó la primera pero no la segunda.4 Además, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2001, reitera que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los pueblos americanos. Ni el actual ni ningún futuro gobierno de La Habana podrán aspirar a la plena inserción en el hemisferio sin suscribir los principios fundamentales sobre los derechos humanos y la democracia comprendidos por estos instrumentos.

     

    Contexto internacional de Cuba en los 90 y principios del siglo XXI

    Dos realidades han marcado las relaciones internacionales de Cuba en la posguerra fría: la oposición de su gobierno al amplio consenso internacional sobre los derechos humanos y el también amplio disenso respecto al embargo por parte de parte EE.UU.5 En 1992, la Asamblea General de la ONU aprobó dos resoluciones que reflejaban el sentir de la mayoría de los Estados miembros: que Estados Unidos considerara el levantamiento del embargo y que Cuba emprendiera reformas económicas y políticas. A principios del nuevo siglo, ninguna de las dos se ha materializado.

    Mientras que EE.UU. reforzaba el embargo mediante las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), la Unión Europea (UE), Canadá y América Latina sentaban una política llamada de compromiso constructivo y censuraban estas leyes. Con todo, se ha producido un acercamiento entre EE.UU. y Cuba en dos frentes. En 1994, La Habana y Washington firmaron un nuevo pacto migratorio que ha entrañado contactos periódicos para examinar su desarrollo.6 Asimismo, se ha propiciado un amplio intercambio cultural y académico entre los dos países. A partir de 1996, la UE ha venido ratificando anualmente una posición común en relación con Cuba, a partir de una condición que normalmente exige a sus socios comerciales: el acatamiento de los acuerdos y normas internacionales sobre derechos humanos como paso previo para la cooperación económica (esto no afecta a la humanitaria). Aunque de maneras distintas, EE.UU. y la Unión Europea condicionan sus relaciones con La Habana a la ejecución de cambios internos por parte del gobierno cubano. A pesar de que las violaciones de los derechos humanos por parte de cualquier gobierno (p.e., China, Vietnam o Arabia Saudita) son deplorables, la coyuntura para Cuba ha sido distinta. Sobre todo en la posguerra fría, la estructura y funcionamiento del sistema político cubano, por la ubicación geográfica de la Isla y su condición de pequeño país, determinan prominentemente sus relaciones internacionales. Es lamentable, sin duda, que se apliquen estándares diferentes a situaciones similares en relación con los derechos humanos, especialmente porque ello tiende a restar credibilidad a la defensa de su vigencia. Sin embargo, es importante destacar que esa diferencia de trato no es de por sí un obstáculo para la formación, cada vez más firme, de un consenso internacional respecto a la democracia y los derechos humanos.

    Con la caída del Muro de Berlín y, especialmente, luego del desmoronamiento de la URSS, Cuba perdió a sus principales aliados y se vio obligada a reestructurar su relación con el mundo. Al derrumbarse la economía, el gobierno decretó una cierta liberalización, referente a la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia, las cooperativas agrícolas y el uso legal del dólar estadounidense por parte de la ciudadanía. Estas medidas mermaron el papel rector del Estado, liberaron parcialmente los amarres oficiales que determinaban el sustento cotidiano hasta 1990 y lograron una modesta reactivación de la economía. En lo político, sin embargo, no hubo cambios notables en cuanto al monopolio del Partido Comunista ni, en general, respecto a los derechos humanos. Aún así, el gobierno no pudo seguir ejerciendo el mismo control sobre la sociedad, como bien lo demuestran la fuerza ascendente y la extensión geográfica de iniciativas propias de la sociedad civil como contrapartida a las oficiales.7

    La política de compromiso constructivo de la Unión Europea, Canadá y América Latina iba dirigida a incentivar los cambios en Cuba. Canadá mostró particular esmero, al ofrecerle al país cooperación económica, asistencia humanitaria y ayuda al desarrollo sin condicionamientos políticos, así como esfuerzos para reintegrarla en el sistema interamericano. Aunque modestas, las reformas económicas aplicadas presentaban rasgos que sugerían la existencia de una nueva ronda que podía afianzar la economía, p.e., la legalización de la pequeña y mediana empresa nacional y la agilización de las inversiones extranjeras. España, Portugal y América Latina desplegaron esfuerzos apreciables para impulsar cambios en la Isla. El empeño de España por propiciarle a Cuba un "aterrizaje suave" en las nuevas realidades internacionales fue especialmente señalado. En las primeras cumbres iberoamericanas, México, Colombia y España hicieron hincapié en que fuera el propio Fidel Castro el que dirigiera las reformas. Iberoamérica, además, ha apoyado al gobierno cubano en relación con el embargo. El rechazo a esta política, implícito en la declaración de Cartagena de Indias, en Colombia (1994), se convirtió en práctica habitual en las cumbres:

    Recomendamos la eliminación, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y con las resoluciones de la ONU, de medidas económicas y comerciales coercitivas unilaterales que afecten el libre desarrollo del comercio internacional y lesionen las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos.

    Al mismo tiempo, los países iberoamericanos han sido inequívocos en relación con la democracia. La cumbre de Chile (1996) emitió una declaración final, firmada por Fidel Castro, que afirmaba lo siguiente:

    Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de derecho y el pluralismo político. En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia.

    A través de la ONU, la comunidad internacional también ha registrado su insatisfacción, tanto con el embargo como con el estado de las libertades civiles y políticas en Cuba. Abrumadoras mayorías en la Asamblea General han aprobado anualmente una resolución contra la política de aislamiento practicada por EE.UU.8 A partir de 1991, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra ha venido pasando resoluciones condenatorias de la situación cubana. Sólo en 1998 fue derrotada la moción, en buena medida como un gesto por la restauración parcial de la libertad de culto permitida por el gobierno y la liberación de unos 300 presos a raíz de la visita a Cuba del papa Juan Pablo II ese año.9 En 1999, la comisión restableció la resolución condenatoria a Cuba: por una parte, la Asamblea Nacional había promulgado una ley excepcionalmente restrictiva de la libertad de expresión; por la otra, cuatro opositores que sufrían prisión preventiva y sin fianza desde 1997 fueron juzgados y condenados.

    La resolución aprobada en 2002 se produjo bajo condiciones novedosas: EE.UU. no fue reelegido en 2001 como miembro pleno de la comisión y participó sólo como observador. La resolución crítica de Cuba-promovida principalmente por miembros latinoamericanos- obtuvo el voto favorable de los países del área representados en la comisión, excepto Venezuela, que se opuso, y Ecuador, que se abstuvo.10 Al mismo tiempo, la redacción de esta resolución ha sido la más moderada hasta la fecha y dice así:

    La Comisión invita al Gobierno de Cuba, sin perjuicio de reconocer los esfuerzos hechos por la República de Cuba en la realización de los derechos sociales de la población pese a un

    entorno internacional adverso, a realizar esfuerzos para obtener similares avances en el campo de los derechos humanos, civiles y políticos, en consonancia con las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    El voto de México fue particularmente señalado, por ser la primera vez que apoyaba la resolución.

    Ya para mediados de los 90, el aislamiento del gobierno cubano que EE.UU. buscaba se había impedido, por la política de compromiso constructivo y por la capacidad del ministerio cubano de Relaciones Exteriores. Cuba mantenía relaciones diplomáticas con 178 países y comerciales con 166, sus vínculos con América Latina y el Caribe habían aumentado y había consenso en lo tocante a facilitarle a la Isla su inserción en la economía internacional. De hecho, el mundo se había abierto a Cuba con anterioridad a que el papa Juan Pablo II pronunciara las célebres palabras al concluir su visita a la Isla-"Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba". No obstante, la apertura de Cuba al mundo no ha sido igualmente fluida, por la poca voluntad del gobierno cubano en corresponderle al compromiso constructivo de la Unión Europea, Canadá y América Latina. En materia de los derechos humanos, por ejemplo, ha habido poca cooperación. Si bien accedió a la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994, La Habana nunca le dio entrada al Relator Especial nombrado por Naciones Unidas (1992-1998) para tratar la situación de los derechos humanos en Cuba.11

    A mediados de los 90, la Unión Europea entabló un diálogo con el gobierno cubano para trabar un acuerdo de cooperación económica y discutir temas relacionados con los derechos humanos. Las condiciones de la UE eran y son: la liberación de los presos políticos, la reforma del Código Penal-en particular, la abolición de la pena de muerte-y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El diálogo de la UE con La Habana coincidió con una solicitud al gobierno de Concilio Cubano-una alianza opositora formada el 10 de octubre de 1995-para celebrar una asamblea a fines de febrero de 1996 y se pensaba que, quizás, la solicitud fuera concedida, pero, no lo fue. Peor aún, el 24 de febrero unos MIG pertenecientes a la fuerza aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate; cuatro hombres perdieron la vida. Hay que recordar que el proyecto de ley Helms-Burton entonces no avanzaba en el Congreso de EE.UU., en parte, por la amenaza de veto del presidente William J. Clinton, y que sólo después del ataque a

    las avionetas la Helms-Burton fue aprobada rápidamente en su versión más dura.12 El diálogo político entre la UE y Cuba sigue pendiente; para que rinda frutos, debe darse una negociación sobre derechos humanos a la que, hasta ahora, el gobierno cubano se ha negado.

    Ni el compromiso constructivo europeo, canadiense y latinoamericano, ni el enfrentamiento por parte de EE.UU. han logrado desatar un proceso real de cambios con miras a una democratización de Cuba. En cualquier caso, el ambiente político en EE.UU. a principios de 2003 apunta a un posible relajamiento de las restricciones de viajes a la Isla y la extensión del financiamiento al gobierno cubano para la compra de alimentos.13 Aunque sin abogar por el establecimiento de sanciones, la UE, Canadá y América Latina están haciendo más énfasis sobre los derechos humanos en sus relaciones con Cuba. Aunque aún continúan el intercambio comercial y la asistencia técnica y humanitaria, en 1999 Canadá ajustó su anterior política. A partir de entonces, condiciona la integración de Cuba en el sistema interamericano a la activación inequívoca por su parte de un proceso de reforma económicay política. En 2002, durante una reunión entre la UE y el grupo África, Caribe y Pacífico (ACP), al cual Cuba pertenece, la UE reiteró su posición de restringir el acceso a fondos para el desarrollo económico mientras el gobierno cubano no acepte un diálogo político sobre derechos humanos. Incluso antes de la victoria de Vicente Fox en las elecciones de 2000, las relaciones entre México y Cuba venían resintiéndose por la influencia que la apertura interna ya ejercía sobre la política exterior mexicana. En 1999, el presidente Ernesto Zedillo pronunció un discurso claramente favorable a la democracia en la cumbre iberoamericana de La Habana y solicitó a la entonces canciller mexicana, Rosario Green, que se reuniera con un prominente defensor de los derechos humanos, Elizardo Sánchez Santacruz.

    En su visita a La Habana para la cumbre, el rey Juan Carlos I pronunció una frase memorable que contrapuntea con la del Papa, "Que Cuba se abra a Cuba". Conjuntamente, estas frases sencillas marcan las pautas para una plena y amplia participación de la Isla en el mundo de principios del siglo XXI. Una completa normalidad internacional respecto a Cuba no se dará hasta que su gobierno garantice los derechos civiles y políticos. Por su acervo cultural y espiritual, Cuba pertenece a Nuestra América y hoy la democracia-por dolorosas que sean sus insuficiencias-es el signo de América Latina. En contraste, el gobierno cubano no admite abrirse al pluralismo creciente de la sociedad cubana, ni siquiera al que aparece en sus propias filas, y esta cerrazón ha sido

    causa determinante para que el mundo hoy se pregunte con mayor insistencia, ¿por qué no cambia Cuba?

    De mayor consideración es que esa pregunta se haya hecho y se siga haciendo desde el corazón de Cuba. Dentro de las propias filas gubernamentales han surgido y resurgido propuestas sensatas para llevar a cabo una mayor reestructuración económica y promover una cierta flexibilización política, pero la máxima dirigencia las ha desoído.14 Cuando éstas han venido de la oposición organizada, el gobierno ha respondido con la fuerza y el hostigamiento. Cuando los ciudadanos Félix Bonne Carcassés, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca Antúnez y Marta Beatriz Roque Cabello le presentaron a las autoridades un documento, "La Patria es de todos", crítico con la falta de libertades, la conducción de la economía y la tergiversación de la historia, la respuesta oficial fue encarcelarlos.15 Cuando Oswaldo Payá Sardiñas y los promotores del Proyecto Varela16-una acción cívica acogida a las cláusulas constitucionales que le reconocen a la ciudadanía el derecho a proponer cambios en el orden jurídico y que también ofrecen el procedimiento de un referéndum para que el pueblo decida sobre los mismos-lograron las firmas de 11.020 ciudadanos y las entregaron debidamente en la Asamblea Nacional en mayo de 2002, el silencio en lo que se refiere a la petición en sí ha sido la respuesta oficial. Indirectamente, el gobierno contestó con una contrapetición para declarar irrevocable el socialismo y una modificación de la constitución que así lo codificara. Por lo pronto, la Cuba oficial ha dejado pocas rendijas abiertas a la otra Cuba: la que desde el poder o desde los hogares propone y anhela cambios profundos.

    A principios del siglo XXI, la coincidencia estratégica entre EE.UU. y sus aliados acerca de un futuro democrático para Cuba ha ido cobrando mayor prominencia. En cualquier caso, ese futuro depende principalmente de los esfuerzos realizados en Cuba y entre todos los cubanos, y no de una u otra política internacional. En su trascendental visita a Cuba en may




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